El presente artículo es un avance de una investigación en curso que tiene como finalidad valorar la eficacia de las políticas públicas en materia de discapacidad, desde la perspectiva de sus actores (personas con discapacidad y sus familiares). Se realiza una breve contextualización y se define la situación problemática; en un segundo momento se realiza un acercamiento conceptual a la definición de constructos relevantes en el ámbito del análisis de las políticas públicas, para concluir con algunos atisbos de la realidad que permiten ir perfilando el camino metodológico a seguir.

This article is a preview of an ongoing investigation that aims to assess the effectiveness of public policies on disability, from the perspective of its actors (people with disabilities and their families). A brief contextualization is carried out and the problematic situation is defined; In a second moment, a conceptual approach is made to the definition of relevant constructs in the field of public policy analysis, to conclude with some glimpses of reality that allow outlining the methodological path to follow.

Este artigo é uma antevisão de um projecto de investigação em curso destinado a avaliar a eficácia das políticas públicas sobre deficiência na perspectiva dos actores envolvidos (pessoas com deficiência e suas famílias). É feita uma breve contextualização e a situação problemática é definida; numa segunda fase, é feita uma abordagem conceptual à definição de construções relevantes no campo da análise das políticas públicas, para concluir com alguns vislumbres da realidade que nos permitem delinear o caminho metodológico a seguir.

La inclusión de las personas con discapacidad (PcD) en todos los ámbitos de la vida en sociedad y en equidad es un derecho consagrado en las legislaciones de casi todos los países, y respaldado mediante convenciones y tratados internacionales, que instan a los países parte a generar políticas públicas orientadas a garantizar que efectivamente, lo planteado en las leyes, se traduzca en reales oportunidades de inclusión para estos colectivos.

Aunque falta mucho por hacer y alcanzar a nivel internacional y nacional para garantizar la inclusión plena de las PcD, es innegable que se han dado importantes avances en la lucha por la consolidación de los derechos de estas personas. Un importante hito lo constituye la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la Naciones Unidas, por sus siglas en inglés ONU, en diciembre del año 2006.

Según el portal de la ONU, en marzo de 2007 se abrió la convocatoria para la firma de la Convención, en la cual esta obtuvo 82 firmas y el protocolo facultativo 44 siendo la primera vez que una Convención de la ONU recibiera un número tan elevado de signatarios en el día de su apertura. Cabe destacar que dicho documento es un instrumento amplio de derechos humanos que marca “un “cambio paradigmático” en las actitudes y enfoques respecto de las personas con discapacidad” (ONU, s.f).

Está importante Convención fue firmada y luego ratificada por el gobierno venezolano en el año 2013, lo que constituye un hecho significativo, por cuanto permite evidenciar la impronta respecto a la postura que en nuestro país se tiene en relación con las PcD y los consecuentes compromisos que debe asumir el Estado venezolano, como país parte, para asegurar la inclusión plena de las personas con discapacidad.

Otra evidencia de la posición de Venezuela respecto a las PcD, es la promulgación de la Ley para Personas con Discapacidad en el año 2007, la cual tiene como objeto y naturaleza, según se ha plasmado en su artículo 1:

Regular los medios y mecanismos, que garanticen el desarrollo integral de las personas con discapacidad de manera plena y autónoma, de acuerdo con sus capacidades, el disfrute de los derechos humanos y lograr la integración a la vida familiar y comunitaria, mediante su participación directa como ciudadanos y ciudadanas plenos de derechos y la participación solidaria de la sociedad y la familia.

De esta ley se han derivado otros instrumentos legales, que tienen por finalidad apoyar el logro de los fines planteados, y que permean diversos ámbitos de la vida en sociedad, como el educativo, sanitario, laboral, el diseño universal, entre otros. esto permite evidenciar, en este sucinto apartado introductorio, que en Venezuela es notorio el avance en materia legal, lo que permite vislumbrar que la problemática es visible para los órganos de poder del Estado, lo cual supone el reconocimiento como un problema de carácter público, condición indispensable según Olavarría (2007), para el establecimiento de políticas públicas. Sin embargo, resulta urgente y necesario analizar las políticas públicas que desde la promulgación de la Ley se han generado, y su impacto real en la vida de las personas con discapacidad.

Como se ha dejado entrever en el apartado introductorio, en este avance de investigación nos referiremos a la problemática relativa a las dificultades que, aún hoy en pleno siglo XXI, experimentan las personas con discapacidad para su inclusión plena en los distintos ámbitos de la vida en sociedad, a pesar de que Venezuela cuenta con un sólido marco legal el cual, al menos nominalmente, establece los derechos y garantías de las personas con discapacidad.

En un estudio de corte cualitativo, con enfoque de estudio de casos, realizado por Corredor y Cabello en el año 2020, quedaron en evidencia algunas características de la sociedad venezolana que, desde la perspectiva de los informantes clave, personas con discapacidad y familiares, obstaculizan la consolidación de una verdadera sociedad inclusiva, entre las que podemos mencionar:

Llama la atención, que, a pesar de los esfuerzos realizados desde la promulgación de la Ley para Personas con Discapacidad en el año 2007, y de la ratificación de la Convención de los derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, en Venezuela pareciera que los avances a nivel de concreción de políticas públicas no van a la par con los avances legislativos. Es decir, hay un rezago entre las aspiraciones, derechos y garantías establecidos en las leyes y la ejecución de planes, programas y servicios que permitan su implementación y el consecuente impacto en la vida real de las PcD.

En otras palabras, aunque hay un marco legal y regulatorio robusto, no se ha logrado la consolidación de acciones pertinentes y sostenibles en el tiempo para dar respuesta a las problemáticas, dificultades y obstáculos que enfrentan las PcD para el disfrute pleno de sus derechos en la vida social, en equidad de oportunidades al resto de la población.

De lo expuesto en los parágrafos anteriores, se deduce fácilmente que el hecho de contar con un conjunto de leyes en materia de personas con discapacidad (PcD), no garantiza que, en efecto, lo establecido en estas leyes se cumpla o se traduzca en acciones concretas para erradicar las diversas problemáticas que las personas con discapacidad deben enfrentar en su día a día.

De allí que una de las primeras aclaratorias que debemos plantearnos a la hora de hablar de políticas públicas, consiste en delimitar conceptualmente qué entendemos por tales.

Los orígenes de las políticas públicas, como disciplina, son relativamente recientes; podemos encontrarlos en Harold Laswell quien, en la década de los 50 del pasado siglo, las definió como el conjunto de “…disciplinas que se ocupan de explicar los procesos de elaboración y ejecución de las políticas…, con base científica, interdisciplinaria y al servicio de gobiernos democráticos” (citado por Aguilar y Lima, 2009, p. 3).

Se evidencia en esta definición la complejidad inherente a las políticas públicas que exige un abordaje desde distintas disciplinas (interdisciplinariedad) y de un proceso científico y sistemático para su diseño y ejecución.

Por su parte, Röth (2002) señala que para entender que son las políticas públicas debemos partir de la dificultad semántica que existe en el lenguaje español para definir la palabra política, la cual posee, al menos, tres acepciones posibles. La primera derivada del inglés polity, que se refiere al gobierno de las sociedades humanas; la segunda del inglés politics como la actividad de organización y lucha por el control del poder; y la tercera, del inglés policy referida como “designación de los propósitos y programas de las autoridades públicas” (p. 26). Para los efectos de este estudio nos referimos a las políticas públicas en esta última acepción.

Seguimos ahondando en las definiciones existentes; en este caso traemos a Revuelta (2007), quien define las políticas públicas como sigue:

Diremos que una política pública corresponde a cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo público definido en forma democrática; los que son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado (Lahera, 2002, p.4).

el curso de acción que sigue un actor o un conjunto de actores al tratar un problema o asunto de interés. El concepto de políticas presta atención a lo que de hecho se efectúa y lleva a cabo, más que a lo que se propone y quiere (p. 2).

Kraft y Furlong, citados por Olavarría (2007), señalan que una política pública “es un curso de acción (o inacción) que el Estado toma en respuesta a problemas sociales” (p. 16), un aspecto relevante de la postura de estos autores es que esa acción o inacción ante un problema público denota los valores que prevalecen en una sociedad determinada, los conflictos entre los valores y la prevalencia de unos valores sobre otros.

Para Delgado (2009), “las políticas públicas son conjuntos de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento dado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios” (p.2).

Para la autora en referencia, las políticas públicas están conformadas por diversidad de actividades que, aunque emergen de actores con investidura de autoridad pública, intervienen en su desarrollo diversidad de actores y entes gubernamentales y no gubernamentales. Es decir, en la actualidad, en la definición, implementación y evaluación de las políticas públicas, la participación no solo es posible, sino deseable.

Al respecto, señala Lahera (2002) que la integración de esfuerzos entre el sector público y privado, y de los actores sociales involucrados, conlleva sin lugar a dudas, a mejores resultados, tanto cuantitativos como cualitativos, y permite, además, un aumento de la participación y de la transparencia. Claro está que esta participación debe partir de objetivos definidos y reglas de juego claras.

En síntesis, pudiéramos decir que las políticas públicas se refieren a acciones o decisiones que una autoridad pública o con investidura de poder, toma ante un problema público; inclusive la inacción (no hacer nada) es una política pública y es clara evidencia de los valores que predominan y que conllevan a mantener o a modificar el status quo (Olavarría, 2007).

Llegados a este punto nos interesa aclarar lo que entendemos por políticas públicas en nuestro estudio, para lo cual es necesario realizar una diferenciación entre dos constructos que suelen utilizarse indistintamente: leyes y políticas públicas. Asumimos, siguiendo los planteamientos de Lahera (2002) y Revuelta (2007), que existen diferencias conceptuales sustanciales entre las leyes y las políticas públicas.

En palabras de Lahera (2002) “las políticas públicas son diferentes a otros instrumentos de uso habitual en el sector público, como las leyes, metas ministeriales, prácticas administrativas y las partidas o glosas presupuestarias. Se trata de conceptos operativos distintos” (p. 4).

En este sentido, entendemos a las leyes, normas, normativas, reglamentos, códigos entre otros instrumentos de carácter legal, como el marco regulatorio en el cual se establecen las aspiraciones, metas propósitos, cosmovisión, filosofía, valores, directrices, que un determinado Estado democrático establece como deseables, y que tienen incidencia en todos los ámbitos de la vida en sociedad.

Las políticas públicas por su parte, poseen un carácter más operativo y se sustentan en el marco legal existente, es decir, a través de las políticas públicas se definen e implementan las acciones y mecanismos a través de los cuales los diferentes órganos de poder del Estado, en coparticipación con organizaciones no gubernamentales y con la participación ciudadana, atenderán a las problemáticas sociales identificadas como prioritarias.

Para comprender mejor este carácter operativo de las políticas públicas, traemos a colación sus rasgos característicos, según Lahera:

Esta aclaratoria terminológica reviste gran importancia, toda vez que, como se ha mencionado en los parágrafos anteriores, aunque Venezuela cuenta con un importante cuerpo legislativo en materia de Derechos de las personas con discapacidad, pareciera haber un rezago en la definición e implementación de políticas públicas que generen verdaderas soluciones a las problemáticas que experimentan las personas con discapacidad para su inclusión plena y en equidad de oportunidades respecto al resto de la población.

Al respecto, Lahera (2006) señala que el problema de las políticas públicas en América Latina no se debe a un déficit en el diseño de políticas, sino en la capacidad de implementación. Entendiéndose por implementación al “conjunto deliberado y secuencial de actividades del gobierno orientadas al logro de los propósitos y objetivos de la política, articulados en declaraciones oficiales de política” (p. 1).

Las políticas públicas, como hemos visto a lo largo de este apartado, se diseñan con la finalidad de resolver problemáticas sociales definidas como prioritarias, de allí que su diseño da cuenta de la importancia que tiene para los agentes de gobierno, ciertas problemáticas. Sin embargo, como venimos señalando, no es suficiente con una declaración de intenciones en las leyes y reglamentos, ni con el diseño de políticas de poco alcance y sin seguimiento, ni valoración de su impacto.

Lo expuesto hasta ahora nos remite a otro aspecto substancial de las políticas públicas, y es el hecho de que su diseño e implementación no es lineal, ni estático, sino más bien cíclico, es decir, se corresponde con un ciclo complejo, toda vez que las problemáticas sociales son multidimensionales y por tanto requieren de abordajes complejos desde la inter y transdisiciplinariedad.

Para Birkland, citado por Olavarría (2007), el ciclo de las políticas públicas es “el proceso por el cual las políticas son delineadas, a través de un análisis técnico y de un proceso político, con la finalidad de alcanzar una cierta meta” (p. 32).

En palabras de Röth (2003), se distinguen cinco fases lógicas en el desarrollo de políticas públicas, las cuales, a su vez, se relacionan de manera directa con unas actividades y unos actores fundamentales como se muestra en la tabla 1.

Para Delgado (2009), cada una de las fases que conforma el ciclo de las políticas públicas es interdependiente, por lo que el replanteamiento de cualquiera de estas alterará las siguientes, como es lógico de esperar en cualquier sistema. Ahora bien, como sistema, el ciclo se cierra con un proceso de retroalimentación, lo que implica que “la política pública no se extingue con la evaluación de sus resultados, sino que ésta puede dar lugar a una nueva definición del problema que inició el ciclo” (p. 5).

Desafortunadamente, tal y como plantea Lahena (2003), en Latinoamérica se evidencia una dificultad en la implementación de las políticas públicas, la cual es una fase fundamental del ciclo. Señala el autor en referencia que no existe claridad en el tránsito “del qué hacer, hacia el cómo hacerlo. La selección de una política no garantiza su implementación” (p. 2).

Para Delgado (2009), la implementación de las políticas públicas requiere que “las unidades administrativas correspondientes, movilicen recursos económicos y humanos para poner en práctica la política adoptada” (p. 8). En esta fase se desarrollan un conjunto de acciones con la participación de múltiples actores, que tienen por objetivo alcanzar las metas y objetivos establecidos para eliminar o al menos aminorar la problemática social que dio origen a la política.

Siguiendo con este breve análisis del ciclo, llegamos a un punto en el que se hace necesario determinar la efectividad de la política, a través de la evaluación; lamentablemente, según Delgado (2009), esta práctica no está muy extendida. De manera que podemos inferir que, al no realizarse una evaluación de la capacidad de la política para resolver el problema, se rompe el ciclo, se imposibilita la retroalimentación del sistema y, en consecuencia, no es posible generar informes confiables respecto a la efectividad de dicha política.

Existen diversos métodos para evaluar las políticas públicas que dependen del tipo de política y de quién realiza la evaluación; explicarlos excede la finalidad del presente artículo, sin embargo, los interesados en profundizar este aspecto pueden remitirse a Roöt (2003), quien realiza una excelente explicación de los diferentes tipos de políticas y los métodos de análisis más convenientes.

Ahora bien, ¿qué actores pueden realizar la evaluación de las políticas públicas? La evaluación puede ser realizada a pedido de los organismos públicos encargados de la política, idealmente a través de analistas externos expertos en este tipo de análisis. También puede ser realizada con fines de investigación por parte de organizaciones no gubernamentales, gremios, organizaciones sociales y por los afectados por dichas políticas, según plantea Röth (2003).

Dos aspectos relevantes planteados por Mayntz, citado por Röth (2003), y que a nuestro modo de ver establece un puente entre la política, su implementación y el análisis de su efectividad son: en primer lugar, desarrollar la capacidad de prospectiva, esto es, plantearse ¿qué puede suceder?, ¿cómo puede evolucionar el problema?, ¿qué previsiones pueden hacerse?); y en segundo lugar, establecer mecanismos de monitoreo y revisión permanente, que permitan tomar decisiones oportunas para evitar que la política se desvíe mucho de los objetivos planteados, o validar que se ajusten a las contingencias que se presentan en la realidad. De manera que el enfoque de las políticas debe ser flexible, tomando en cuenta el ensayo y error, y el aprender haciendo.

Estas consideraciones son muy importantes dado el carácter complejo de las problemáticas sociales, la diversidad de situaciones que pueden emerger, los diferentes actores involucrados, entre muchos otros factores que pudieran posibilitar u obstaculizar la efectividad de la política.

Lo que queda claro, hasta ahora, es que el ciclo de las políticas públicas no debe ser interrumpido; es necesario romper el modelo predominante en América Latina, en el cual prevalecen las fases I (Identificación del problema), II (Formulación de soluciones) y III (Toma de decisiones), en detrimento de las dos últimas fases IV (Implementación) y V (Evaluación).

Como hemos mencionado, en Venezuela se evidenció un importante avance en materia de defensa de los derechos de las personas con discapacidad a partir de la promulgación de la Ley para personas con discapacidad, en el año 2007. Sin embargo, aunque en un momento inicial se generaron algunas acciones destinadas a garantizar el cumplimiento de lo establecido en las leyes, poco a poco estas acciones se fueron debilitando en el transcurso del tiempo.

Aunque en Venezuela falta mucho por hacer para garantizar la inclusión plena de las personas con discapacidad, es notorio el avance en materia legal, lo que permite vislumbrar que la problemática es visible para los órganos de poder del Estado, lo cual supone su reconocimiento como problema de carácter público, condición indispensable, según Olavarría (2007), para el avance en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.

Otro atisbo de la realidad venezolana lo constituye el expuesto por Vega (2021), relativo al hecho de que en el mes de abril de 2021 la Asamblea Nacional aprobara el proyecto de Ley para las personas con discapacidad que vendría a reemplazar la vigente Ley de 2007, proyecto este, en el cual se venía trabajando desde el año 2016. Siguiendo los planteamientos de Kujawa (2019), llama la atención que se plantee un nuevo proyecto de Ley, cuando muchos de los lineamientos establecidos en la Ley no llegaron a concretarse; tal es el caso de la creación del Sistema Nacional para la Participación, Dignificación y Atención Integral para las Personas con Discapacidad, que tiene como función “la integración y coordinación de las políticas, planes, programas, proyectos y acciones para la atención integral de las personas con discapacidad…” (art. 52). Cabe destacar, que la creación de dicho sistema aparece en el nuevo proyecto de Ley ,en el artículo 141.

Lo planteado en este segundo atisbo refleja claramente el énfasis del Estado venezolano en la generación de medidas legislativas, en detrimento de acciones concretas que permitan pasar de la letra a la acción para mitigar la problemática referida a la inclusión plena de las personas con discapacidad.

En 7 Capítulos y 34 Artículos (Del 141 al 175), el Proyecto propone un conjunto de obligaciones, que al igual de lo que se señala en la Ley para PcD., de 2007, (4 Capítulos y 20 Artículos: Del 52 al 72,) no se ha logrado constituir y aplicar en el país. Muchos son los factores entre ellos que la referida Ley vigente durante más de 11 años no tiene Reglamento (Responsabilidad del Poder Ejecutivo), y la suma de la omisión y desinterés por parte de los organismos responsables de ello…

Se han invertido siete años (2016 a 2022) en la reestructuración de la ley, tiempo este que pudo invertirse en diseñar, implementar y evaluar políticas públicas en materia de discapacidad, dirigidas a mitigar la diversidad de problemáticas que el colectivo de personas con discapacidad enfrenta a diario. Cabe preguntarse ¿es realmente necesaria una nueva Ley para accionar?

Un tercer y último atisbo lo constituye el avance que se ha dado en todo el mundo respecto al papel de la educación en la consolidación de sociedades más inclusivas, y que ha quedado plasmado como el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU (2015) de cara al año 2030: Educación inclusiva y de calidad para todos, donde nadie se quede atrás.

La educación inclusiva posibilita no solo la participación plena de las personas con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo y su inclusión laboral y social, sino que propicia, además, la sensibilización y formación de todos los sectores de la sociedad para la asunción de la diversidad como marco referencial para el desarrollo de los países, a partir de principios fundamentales como son la accesibilidad, el diseño universal, entre otros.

Desde esta perspectiva, el enfoque no está puesto en la persona que tiene una discapacidad o alguna condición, ni se circunscribe meramente al ámbito de lo legal, propio del modelo social de la discapacidad, sino que supone un cambio paradigmático hacia una visión holística, compleja, integral, del ser humano, que exige un abordaje transdisciplinario, en coparticipación entre los organismos de poder, las organizaciones no gubernamentales, los empresarios, y los colectivos de personas con discapacidad (Corredor y Cabello, 2021).

Como se evidencia de lo expuesto a lo largo del artículo, es oportuno realizar una evaluación del impacto real de las políticas públicas en materia de discapacidad en Venezuela, desde la opinión de sus sujetos principales, las personas con discapacidad y sus familias.

La complejidad de la problemática requiere una inmersión desde un abordaje mixto, cuali-cuantitativo, sin embargo, nos limitaremos al análisis documental de las políticas públicas existentes y a la evaluación de su impacto, para lo cual se aplicará un instrumento, diferencial semántico, administrado de forma masiva a través de una plataforma de gestión de cuestionarios en línea.

Una vez operacionalizadas las variables, se procederá a diseñar el instrumento, se someterá a juicio de expertos y a la validación por parte de un grupo de personas con discapacidad; finalmente se realizará la prueba piloto y el análisis de confiabilidad.

En síntesis, entre los próximos pasos para el avance de esta investigación tenemos:

Aguilar, A., y Lima, F. (2009). ¿Qué son y para qué sirven las Políticas Públicas?, en Contribuciones a las Ciencias Sociales https://www.eumed.net/rev/cccss/05/aalf.htm

Asamblea Nacional. (2006, 29 de diciembre). Ley para personas con discapacidad. Gaceta oficial 38598.

Corredor, Z., y Cabello, M. (2021). Lineamientos teóricos para la consolidación de una sociedad inclusiva. Investigación en Ciencias Humanas. Estudios Postdoctorales, VII, 14-53. https://serbiluz.blogspot.com/2021/03/en-ciencias-humanas.html

Corredor, Z. (2022). Inclusión socioeducativa de las personas con discapacidad: Una mirada desde las políticas públicas. Corredor, Z. (Compiladora). (Febrero, 2022). Memorias Digitales IV Jornadas de Investigación e Innovación Educativa. III Internacionales. II Congreso Virtual. Jornadas llevadas a cabo en Universidad Nacional Abierta, Evento en línea: Universidad Nacional Abierta. (314-325). https://jornadasuna.blogspot.com/p/memorias-digitales-2017_21.html

Delgado, L. (2009) Las políticas públicas. El ciclo de las políticas públicas. Clases de políticas públicas. Eficacia, legalidad y control. Indicadores de gestión. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Consejería de Administraciones Públicas. Escuela de Administración Regional.

Lahera, E. (2002). Introducción a las Políticas Públicas. Fondo de Cultura Económica.

Olavarría, M. (2007). Conceptos básicos en el análisis de políticas públicas. Departamento de Gobierno y Gestión Pública del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/123548

Röth, A. (2002). Políticas públicas, formulación implementación y evaluación. Aurora.

1 Licenciada en Educación, mención Dificultades de Aprendizaje, de la UNA. Magíster Scientiarium en Educación Inicial. Doctora en Innovación Curricular y Práctica Socioeducativa de la Universidad de Córdoba (UCO) España. Postdoctorado en Ciencias Humanas de la LUZ. Postdoctorado en Políticas Públicas y Educación por la UNEY. Profesora asociada de la UNA, adscrita al Centro Local Zulia, carrera de Educación, mención Dificultades de Aprendizaje y responsable del Servicio Comunitario. Adscrita a las Líneas de investigación: el campo de las DA (UNA), la cual coordina desde 2017; e Investigación aplicada en TIC (UCO). Facilitadora de cursos de postgrado en los programas de Maestría en Educación Abierta y a Distancia y Especialización en Telemática e informática en Educación. Diseñadora instruccional y especialista en procesos de formación en línea.

Fase I	Fase II	Fase III	Fase IV	Fase V
Identificación del problema	Formulación de soluciones o acciones	Toma de decisiones	Implementación	Evaluación
Actividades
Acontecimientos, intereses, demandas.	Elaboración y valoración de respuestas.	Encontrar una coalición mayoritaria (legitimación)	Ejecución, gestión, efectos concretos.	Reacciones, juicios sobre los efectos, medición, valoración, propuesta de ajuste.
Actores
Partidos, movimientos sociales, medios, políticos.	Parlamentos, gremios, administración pública, organizaciones políticas y sociales, etc.	Parlamentos, presidente, ministros, gobernador, alcalde, etc.	Administración pública, ONG, empresa privada, etc.	Medios, expertos, administración pública, responsables políticos, organizaciones políticas y sociales, gremios y afectados.